En lo que llevamos de año ya se han producido más de diez asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez. No sabemos realmente cuántos casos más se han producido, pero nosotras ya hemos atendido a ocho familias de jóvenes y niñas desaparecidas”. Quien así habla es Marisela Ortiz, presidenta de la asociación Nuestras hijas de regreso a casa, fundada en 2001 ante la pasividad e ineficacia gubernamental frente a la violencia desatada en la ciudad contra las mujeres. La estadísticas dicen que en México muere una mujer por cada cuatro hombres de forma violenta, pero en Juárez la proporción es de cuatro mujeres por cada diez hombres.

Todo empezó en 1993, cuando comenzaron a descubrirse cadáveres de mujeres en zonas descampadas alrededor de Ciudad Juárez. La violencia contra ellas siempre había existido, porque como afirma la especialista en estudios de género, Melissa W. Wright, “en esta población la mujer es un ser golpeable y violable”. Sin embargo, en estos casos había algo diferente. Nunca antes tantas mujeres habían desaparecido en un mismo año, y mucho menos habían sido descubiertas sus “tumbas” de forma tan asidua. Aparecían en zonas solitarias, en ranchos alejados de la ciudad, en zanjas o junto a muros semiderruidos. Además, todas las víctimas respondían a un mismo patrón: morenas, jóvenes, con el cabello largo y pobres. ¿Había un asesino en serie en la ciudad? Ante el estupor de los familiares, la policía se mostró incapaz de solucionar el problema. No se contabilizaron los cuerpos que aparecieron, ni se practicaron las autopsias pertinentes; tampoco se solicitó ayuda federal al Estado. “Parecía como si no quisieran afrontar el problema o incluso acallarlo”, señala el periodista Sergio González, del diario Reforma. Ya en 1995, el 14,5% de los delitos cometidos eran violaciones. Nadie comprendía entre los juarense a qué se debían tantos secuestros. Al poco tiempo, los carteles de Se busca o Desaparecida se hicieron cotidianos en el paisaje urbano. De poco sirvieron.

En aquel año, el portavoz de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, Ernesto García, alertaba a la comunidad para evitar que las mujeres transitaran por lugares desconocidos y las instaba a ir “acompañadas y con un spray de gas para defenderse”. Nuevamente, la inoperancia policial quedaba patente; en lugar de solventar los crímenes se daban consejos… ¿Asesionos en serie? Quizá sólo una excusa… Inserta en la confluencia de Río Grande, Ciudad Juárez se convirtió hace décadas en la puerta de salida para aquellos mexicanos que huían de la pobreza. A su vez, es la entrada para aquellos norteamericanos que buscan diversión al sur de la frontera. Con cerca de millón y medio de personas censadas y un 40% de ellas viviendo en la pobreza extrema, la ciudad ha basado su economía en el turismo fronterizo y en la industria de las “maquilas”, que son fábricas de capital extranjero donde se ensamblan piezas de diferentes productos a muy bajo coste gracias a la mano de obra barata.

Muchas de las mujeres desaparecidas y asesinadas hasta la fecha trabajaban en alguna de esas fábricas. Algunas desaparecían en el camino de regreso del trabajo a casa sin llegar a subir al autobús o mientras deambulaban solitarias. Un dato repetitivo que se tomó como un indicativo más de que tras las muertes se ocultaba la mano de un asesino serial, a pesar de que de ser cierta esta hipótesis planteada por la policía, en tan sólo dos años el criminal de Ciudad Juárez habría superado en víctimas al ruso Andrei Chikatilo, que acabó con la vida de 52 personas en un corto periodo de tiempo, aunque también hay que recordar el caso del colombiano Pedro Alonso López, autor de 310 asesinatos cometidos a lo largo de unos diez años.

El 3 de octubre de 1995 el químico egipcio Abdel Latif Sharif Sharif fue detenido y acusado como autor de varias muertes, pero los asesinatos se siguieron produciendo aun cuando estaba en prisión; por ello, la policía creyó que actuaba en connivencia con los Rebeldes, una de las 400 bandas que se calcula se mueven en la zona. Se detuvo a ocho de sus miembros, pero los crímenes continuaron. También persistió la incompetencia de la policía, que quedó de manifiesto cuando el subprocurador López Molinar anunció que todo se debía a la presencia de “un tercer psicópata en la ciudad”. Parecía que la figura del asesino en serie se convertía en un comodín para responder a las preguntas que la comunidad internacional planteaba al gobierno mexicano: ¿qué sucedía realmente en Ciudad Juárez? ¿Quién se escondía tras tanta muerte? A día de hoy seguimos sin respuesta. Actuaciones policiales y políticas Si se pregunta a las autoridades juarenses, estas responderán que se ha conseguido resolver el 80% de los crímenes y que los culpables están encarcelados. No es cierto. ¿Cómo puede serlo si se desconoce el número real de desaparecidas y asesinadas? Unas fuentes sitúan en más de 900 las víctimas y otras hablan de 4.000. ¿Y cómo puede serlo, además, si los cuerpos de jóvenes y niñas siguen apareciendo incluso en los mismos puntos donde ya antes se localizaron otros cadáveres? Marisela Ortiz asegura que “el número anual de desapariciones se sitúa entre las 25 y 30”. Y ya se habla de desapariciones, y no de muertes, porque ahora todo indica que los asesinos intentan ocultar los cuerpos en fosas secretas, con el objetivo de que nadie encuentre a las víctimas.

Los cuerpos que se encuentran aparecen con “poca ropa, con rasgos de violencia y en medio de descampados”, dice Marisela, quien critica abiertamente la actuación policial, ya que oficialmente muchas de las muertes se producen por causas naturales cuando, en realidad, los cuerpos presentan evidentes signos de violación. Hasta tal punto llegó la inoperancia oficial que Francisco Minjárez, jefe especial de la investigación, insinuó que las víctimas eran mujeres de doble vida o costumbres libertinas y que eso les hacía confluir en algunos centros nocturnos con los homicidas.

En otra de sus críticas, Marisela Ortiz afirma que tuvo que esperar seis años para que la policía realizase el primer intento serio de investigación junto al FBI, gracias a la cual se encontraron cuerpos de mujeres en ranchos de narcotraficantes. Son las llamadas “narcofosas”. Además, en relación a aquellos ranchos pesaba la denuncia de grandes fiestas y orgías, además de secuestros, ejecuciones e inhumaciones de las víctimas.

En tan sólo un mes se localizaron nueve cuerpos, el resto, seguramente, se eliminó con cal y sustancias químicas. Y a pesar de que aquellos resultados abrían una nueva vía de investigación, ajena a la del asesino en serie, las autoridades locales se limitaron a repudiar el operativo binacional. Porque, al igual que la policía, también los políticos han sido acusados de no haber sabido –o no haber querido– estar a la altura de las circunstancias.

En mayo de 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos descalificó a las autoridades de Chihuahua, que incluso habían incurrido en conductas ilegales durante sus actuaciones. Incluso tuvo la osadía de recomendar investigar a ciertos cargos públicos como el subprocurador Jorge López Molinar. En esos instantes se conocieron declaraciones como las de Eva Pavón, madre de la joven desaparecida Silvia Arce, quien después de denunciar la desaparición de su hija recibió de las autoridades una desalentadora contestación: “¿Para qué la buscan? No se metan en la boca del lobo”.

El conocimiento público de estos episodios obligaron al gobierno mexicano a poner más énfasis en el asunto; fruto de ello fue la creación de oficinas como la Fiscalía Especial, cuyo objetivo era investigar los crímenes de Ciudad Juárez. Sin embargo, el cargo fue ocupado por cinco fiscales en el lapso de un año. En palabras de Marisela Ortiz, la Fiscalía Especial sólo ha servido para mentir y engañar a las madres de las desaparecidas siguiendo el juego al Gobierno al decir que sus hijas se han fugado voluntariamente”. Como consecuencia, las madres se quedaron solas, desamparadas y atemorizadas. “El propio nombre de nuestro grupo habla de que no somos escuchadas por las autoridades, que creen haber hecho su trabajo entregando los restos de las difuntas. No ha habido explicaciones ni han resuelto los crímenes”, dice Guillermina González Flores, cuya hermana desapareció en 1998. Ella, y otras seis familia, decidieron poner el marcha el grupo Voces sin eco. Y, mientras tanto, las jóvenes siguen desapareciendo. Ya no para ser encontradas muertas sino, quizá, para no ser localizadas nunca más. Teorías para explicar el horror Hasta la fecha se han barajado diversas teorías para explicar las más de 4.000 desapariciones. La más esgrimida es la de la presencia de uno o varios asesinos en serie actuando en la zona. De esta opinión fue el ex agente del FBI Robert Ressler, quien señaló la presencia de un psicópata “desorganizado y al menos dos organizados”. También la Fiscalía Especial continúa apostando por esta hipótesis. Incluso se habló de la conjunción de unos 100 asesinos seriales, una aseveración arriesgada aunque los datos avalan la posibilidad de la actuación de, al menos, dos sujetos de ese tipo, según se deriva del estudio de las características de las víctimas según su edad, rasgos, características del crimen, etc.

Pero no es la única alternativa. El 3 de abril de 1989 se detuvo en Matamoros al propietario de un rancho en el que se encontraron trece cadáveres mutilados junto a restos de ofrendas rituales, fetiches, pintadas con sangre... El detenido pertenecía a una banda satánica de narcotraficantes autodenominados Los Rayados. La investigación acabó descubriendo toda una red de intereses y clientes procedentes del mundo del espectáculo y hasta de la Policía, como Fausto Valverde Salinas, entonces director antinarcóticos de la Policía Judicial Federal.

El satanismo ha estado desde siempre muy arraigado en la zona donde se sitúa Ciudad Juárez y su interrelación con el narcotráfico ha dado lugar al llamado narcosatanismo. Según esta hipótesis, grupos de traficantes de droga secuestran a las jóvenes para violarlas y usar sus cuerpos como ofrendas rituales en convivencia con ciertos cargos de la policía local.

Tampoco el negocio de las películas snuff se ha ignoradocomo alternativa para explicar las muertes. El 14 de mayo de 1998, la joven de 17 años Penélope Marlene Tellezgirón logró fugarse tras cuatro horas de cautiverio en una casa al norte de México. Gracias a su denuncia se detuvo a José Lázaro Bouchán, que ocultaba en aquella vivienda restos de algunas chicas y varias cámaras de vídeo, con las que grababa sus muertes para comercializar posteriormente las cintas. Sin embargo, estas teorías han sido desechadas por expertos como Robert Ressler, el criminólogo mexicano Óscar Máynez o la propia Marisela Ortiz, quien dice que “estas hipótesis son impulsadas por las autoridades para distraer las verdaderas causas y quizá para proteger a los criminales reales”.

Y es que la versión que cada vez cobra más fuerza es la de la actuación de diversos asesinos protegidos desde las esferas. Así lo cree la periodista experta en el tema y afincada en Madrid, Graciela Atencio; y es también el parecer del reportero Sergio González, quien en sus trabajos de investigación llegó a decir que las muertes “responden realmente a uno o varios asesinos en serie que eligen a sus víctimas sistemáticamente, protegidos por ciertos policías y políticos, a los que respaldan diversos empresarios de gran poder económico.