En Estados Unidos cada vez será más difícil fumar fuera de casa. Unos lo leen con esperanza, otros con amargura, pero lo cierto es que la justicia norteamericana tiene ya pocas dudas desde que, a partir de 1998, se empezaron a firmar acuerdos multimillonarios a nivel estatal sobre el papel que han jugado los grandes fabricantes de cigarrillos. «Esta industria, en mi opinión, ha perpetrado el fraude más grande al pueblo americano en toda su historia. Ellos han mentido durante años y años. Han matado a millones y millones de personas, y han obtenido beneficios con ello. He observado de cerca la actuación de los distribuidores de cocaína y los traficantes de crack, y nunca he visto daños como los que han provocado las multinacionales tabaqueras. No hay ninguna comparación. La cocaína mata entre 10 mil y 15 mil personas cada año en este país. El tabaco mata a 425 mil personas cada año, sólo en EE UU», (Mike Moore, Fiscal General de Mississippi, durante la negociación del acuerdo con las tabaqueras de 1998).

El juicio definitivo

En 1999, Bill Clinton, a la vista de todos los datos que obraban en poder del Departamento de Justicia, decidió impulsar una investigación a fondo contra esta industria. «Durante más de 45 años –afirmó entonces Janet Reno, Fiscal General de EE UU– las compañías de cigarrillos dirigieron su negocio sin tener en cuenta la verdad, la ley, o la salud de las personas».

El 22 de septiembre de 1999, el Gobierno americano inició un pleito contra las principales tabaqueras. La investigación duró cinco años. El proceso comenzó el 21 de septiembre del 2004, pero ya sin Clinton en la Casa Blanca. Las acusadas fueron Philip Morris y su casa matriz Altria, R. J. Reynolds, Brown & Williamson (fusionada en el 2004 con Reynolds), Lorillard (filial de Loews Corporation), British American Tobacco y el grupo Liggett. El gobierno alegó: «Las compañías de cigarrillos han planeado y ejecutado –y continúan haciéndolo– un plan durante 50 años para defraudar al público, sobre todo a los consumidores de cigarrillos, en violación de la Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act (RICO) –la misma ley por la que se juzgan actividades mafiosas–. Estas maniobras les han proporcionado ganancias extraordinarias durante el último medio siglo, pero han tenido devastadoras consecuencias para la salud del pueblo americano».

La conspiración habría comenzado en diciembre de 1953, con una reunión mantenida en un hotel de Manhattan por los entonces presidentes de las principales compañías del sector en la que, según la Fiscalía, se puso en marcha un vasto proyecto conjunto para hacer frente a las numerosas pruebas que amenazaban el negocio, un pacto sectorial con el objeto de acallar los efectos perniciosos del tabaco sobre la salud.

Tenía que haber sido el juicio definitivo, no sólo por las evidencias aportadas, sino por la propia petición de la Fiscalía: 280.000 millones de dólares (casi 229.000 millones de euros) para desarrollar un plan a largo plazo que en 25 años ayudara a los norteamericanos a dejar de fumar. En febrero de 2005, sin embargo, comenzaron las rebajas. Un tribunal de apelación decidió que no procedía calcular la posible indemnización en función de las ganancias habidas en el medio siglo anterior. La petición del Estado quedó reducida a 130.000 millones de dólares.

Pero la gran sorpresa llegaría con la presentación de las conclusiones finales, en junio de 2005. Después de nueve meses de incontables datos y decenas de testimonios, cuando la industria parecía acorralada, la Fiscalía sorprendió a todos con una petición de tan sólo 10 mil millones de dólares en cinco años. La perplejidad fue general. «El caso del gobierno se desmorona, y este es un esfuerzo desesperado para detener la caída», se apresuró a afirmar David Bernick, abogado de la tabaquera Brown & Williamson.

Los republicanos: un partido agradecido

Muy pronto las verdaderas razones empezaron a conocerse. Tanto el New York Times como el Washington Street Journal denunciaron a las pocas horas la existencia de presiones de altos cargos del Departamento de Justicia de la Administración Bush sobre los fiscales del propio gobierno para que rebajaran sus peticiones. Los hechos se sucedieron en cascada. A petición de 50 legisladores del partido Demócrata, la Professional Responsibility Advisory Office (PRAO) del Departamento de Justicia abrió una investigación –aún sin concluir– sobre la posible existencia de presiones políticas para alterar las conclusiones del caso. Un grupo de senadores pidió también a Alberto R. Gonzales, Fiscal General del Estado, la sustitución del Fiscal Asociado Robert D. McCallum Jr. por ser quien, al parecer, habría pedido al equipo de abogados que redujera las peticiones de la Fiscalía. McCallum, recordaron, fue miembro de un bufete de abogados que en su momento representó a la tabaquera R. J. Reynolds. Se supo también que al menos tres testigos del gobierno fueron presionados para que suavizaran sus planteamientos y peticiones, el profesor Max H. Bazerman, y los doctores Michael Eriksen y Matt Myers.

La juez Gladys Kessler, en una nota pública, reconoció la posible existencia de las presiones políticas. «Puede haber habido –afirmó– algún tipo de influencias adicionales que hayan afectado la decisión del gobierno».

En una carta a la Oficina de Responsabilidades, los congresistas Henry Waxman y Martin Meehan apuntaban como clave de la nueva postura de la Fiscalía las vinculaciones entre el Partido Republicano y las compañías tabaqueras. «Esta industria –afirmaban en su escrito– es una de las principales donantes de fondos al Partido Republicano, contribuyendo con más de dos millones setecientos mil dólares durante el último ciclo electoral. La mayor parte de este dinero ha sido pagado directamente por los principales ejecutivos de las corporaciones demandadas, precisamente los más afectados por el testimonio del profesor Bazerman y, por ende, los mayores beneficiados de los esfuerzos por minar el testimonio del citado Max H. Bazerman».

Lo cierto es que George W. Bush nunca estuvo de acuerdo con llevar adelante el pleito contra las tabaqueras. Primero le retiró los fondos al equipo de la Fiscalía y, cuando el Congreso se los devolvió, trató de alcanzar un nuevo acuerdo con la industria, que tampoco se consiguió. Finalmente sí parece que ha logrado su objetivo, desactivando las medidas correctoras que pudieran imponerse. Con lo que no contaba era con que seis influyentes organizaciones, Tobacco-Free Kids, American Cancer Society, American Heart Association, American Lung Association, Americans for Nonsmokers’ Rights y National African American Tobacco Prevention Network, se presentaran ante la juez Gladys Kessler para ser escuchadas. El 22 de julio de 2005, Kessler aceptó oír lo que los representantes de estas asociaciones tenían que decir para tenerlo en cuenta a la hora de su decisión final y, desde luego, las cifras que aportaron no coinciden con las del gobierno norteamericano.

Contra la Humanidad

Pero más allá de las posibles sanciones, los nueve meses de proceso dejaron a la vista de todos el atroz comportamiento de la industria tabaquera. Lo que los fiscales definieron como «conspiración contra el pueblo norteamericano» no deja de ser claramente una conjura contra toda la Humanidad, que ha dejado millones de muertos a lo largo de estos 50 años. «Como ha quedado establecido en el juicio –señalaron los fiscales–, la persecución de un objetivo primario y otros fines compartidos de los demandados incluyó el uso de las relaciones públicas, la investigación, el diseño de cigarrillos y el marketing, en siete áreas básicas que constituyeron los pilares del esquema de sus planes para cometer fraude: (1) los efectos perjudiciales para la salud; (2) el mito de la investigación independiente; (3) la adicción; (4) la manipulación de la nicotina contenida en los cigarros; (5) la fabricación de cigarrillos light y cigarrillos bajos en alquitrán; (6) el marketing para la juventud y (7) la ocultación/supresión de información». Miles de documentos han permitido reconstruir un comportamiento que creyeron impune. Con la ayuda de unos pocos ejemplos de los cientos existentes para cada caso, haremos de forma somera un recorrido por las distintas áreas de esta conspiración.

1) Los efectos perjudiciales del tabaco para la salud

La táctica conjunta de los demandados, a partir de la reunión del Hotel Plaza de 1953, fue sugerir en público que existía una controversia científica acerca de si fumar era causa o no de cáncer de pulmón y otras enfermedades, a pesar de que tenían la certeza de que así era. El Dr. Jerry F. Whidby, consultor de Philip Morris, como muchos otros testigos, admitió que él «nunca dudó» que fumar era una causa de cáncer, enfisema y otras afecciones, y testificó que esto era aceptado por otros de sus colegas en la compañía.

A pesar de ello, la posición pública fue siempre la contraria. William Kloepfer, vicepresidente de Relaciones Públicas para el Instituto del Tabaco, escribió a Earle Clements, el presidente, expresando su preocupación: «Estamos haciendo declaraciones falsas o engañosas para promover la venta de cigarrillos». Y otro de los muchos ejemplos que proporciona el examen de la documentación interna de las compañías, es un documento de 1975 de la empresa Brown & Williamson Tobacco en el que se reconoce la necesidad de continuar la «estrategia de controversia abierta»: «La publicidad debe constituir un medio para reprimir la preocupación sobre la salud».

2) El mito de la investigación independiente

«Cuando cualquier investigación financiada por los demandados –afirman los fiscales– estaba a punto de conseguir hallazgos fidedignos sobre los problemas de salud causados por el tabaco, los demandados suspendían la aportación de fondos o, en ocasiones, incluso alteraban los resultados para evitar cualquier posible vinculación de los mismos con una acusación contra su producto». Así le ocurrió, por ejemplo, al Dr. Gary Huber en un estudio de la Universidad de Harvard vinculado a un acuerdo con Brown & Williamson, Liggett, Lorillard, R. J. Reynolds y Philip Morris. Huber reprodujo en los pulmones de animales que inhalaron el humo de cigarrillos enfermedades propias de humanos. Tras informar a sus patrocinadores de los progresos de su investigación, las compañías implicadas le retiraron los fondos.

3) La adicción

«Una parte sustancial de la política interna de los demandados –según las conclusiones de la Fiscalía– estaba centrada en el hecho de que la nicotina era el agente químico más importante aportado por los cigarrillos, y sus esfuerzos en Investigación y Desarrollo tenían por objeto asegurarse de que los productos que comercializaban aportaran la suficiente nicotina como para crear y mantener la adicción». En 1969, Philip Morris ya reconocía internamente lo que públicamente negaba: «Nuestra premisa es la de que la motivación primaria para fumar es obtener el efecto farmacológico de la nicotina». En 1972, un investigador de R. J. Reynolds apuntaba en la misma dirección: «El uso del tabaco está basado fundamentalmente en la satisfacción fisiológica derivada de la nicotina». El Dr. Jeffrey Wigand, que trabajó para Brown & Williamson entre 1989 y 1993 como vicepresidente de Investigación y Desarrollo, testificó que los ejecutivos de esa compañía declararon que «nosotros estamos en el negocio de la nicotina, el alquitrán es el equipaje negativo». Philip Morris pidió a los doctores Victor DeNoble y Paul Mele que silenciaran un estudio a punto de publicarse en el que demostraban la adicción a la nicotina en un experimento con ratas. El máximo responsable de esta tabaquera, Ross Millhiser, llegó a preguntar a DeNoble: «¿Por qué debo arriesgar una industria de mil millones de dólares por unas ratas que aprietan una palanca para conseguir su nicotina?». Para evitar ese riesgo, en abril 1984 Philip Morris cerró repentinamente el laboratorio, tomando la precaución de eliminar a las ratas.

4) La manipulación de la nicotina

La investigación sobre el poder adictivo de la nicotina y su manipulación para garantizar unos mayores efectos ha sido sin duda una constante oculta en las investigaciones de la industria. El Dr. William Farone, a partir de su experiencia personal en Philip Morris y como un experto en el diseño de cigarrillos, y el Dr. Jack Henningfield, a raíz de la revisión de miles de documentos de las tabaqueras para el gobierno, testificaron, entre otros, cómo las características de cada componente de los cigarrillos –el papel, el filtro y el proceso industrial– afectaban al aporte de nicotina, y de qué manera la industria utilizó esos conocimientos para el diseño de sus productos. «Fabricaban los cigarrillos con un objetivo central: asegurarse de que los fumadores obtuvieran bastante nicotina como para hacerse adictos». Parece demostrado que las tabaqueras, pensando en tales fines, utilizaron aditivos como el amoníaco para intensificar los efectos de la nicotina, sin que ello fuera detectado por la Administración norteamericana.

5) Los light y los bajos en alquitrán

Con este tipo de productos la industria trató de controlar el deseo psicológico de los fumadores de abandonar el hábito. Se trataba de cigarrillos que presentaban como más sanos pero que, en realidad, aportaban la misma cantidad de nicotina, lo que garantizaba la adicción. En un memorándum de Brown & Williamson de 1978 podía leerse: «Quizás la respuesta a la pregunta de cómo dejan de fumar las personas podría ayudarnos a tener otra visión sobre nuestros futuros objetivos. Teniendo las respuestas a este último interrogante podríamos diseñar productos para desanimar a las personas que están intentando dejar de fumar».

Los documentos internos de la industria muestran que sabían desde los años sesenta que los cigarrillos bajos en alquitrán no sólo no reducen el riesgo de contraer cáncer, sino que incluso pueden llegar a aumentarlo. Los productos elaborados permitían a los fumadores compensar y obtener aportaciones muy elevadas de nicotina y alquitrán, lo bastante altas como para crear y sostener la adicción.

6) Marketing dirigido a los jóvenes

Las evidencias demuestran que, a pesar de los acuerdos del 98, en los que las compañías se comprometían a no situar a la juventud como objetivo de sus campañas, la realidad ha sido justamente la contraria. Este sector de la sociedad ha sido siempre y seguirá siendo el objetivo de una industria que es consciente de que sus clientes raramente comienzan a fumar pasados los 20 años. Basten algunos ejemplos. En un informe de 1981, dirigido por el Philip Morris Research Center, puede leerse: «el adolescente de hoy es el cliente potencial de mañana y, de hecho, la mayoría aplastante de fumadores empieza con el hábito cuando todavía son adolescentes». En la misma línea, un memorándum interno de R. J. Reynolds concluye que «la mayor parte de los fumadores comienza a fumar regularmente y selecciona una marca a/o antes de los 18 años». Lejos de disminuir, los gastos de la industria en publicidad y promoción han aumentado durante las últimas décadas, el último Cigarette Report de la Federal Trade Commission (FTC ) –el departamento gubernamental que vela por los intereses de los consumidores– muestra que la publicidad y el gasto promocional aumentaron en más de un 21% de 2002 a 2003, llegando hasta los 15 mil millones de dólares.

Y respecto a sus objetivos hay pocas dudas. La industria sigue apuntando a los jóvenes. A finales del año pasado R. J. Reynolds se vio obligada a firmar un acuerdo con tres estados según el cual la compañía pagará un millón y medio de dólares por haber enfocado la promoción de la marca Kool Mixx en la música y cultura del hip-hop, muy de moda entre jóvenes de raza negra.

Por su parte, Philip Morris continúa utilizando los mismos mensajes en la marca Marlboro. R. J. Reynolds, que sigue dirigiéndose a los adolescentes en sus campañas de anuncios en la revista Rolling Stone, también ha lanzado marcas de cigarrillos con distintos sabores, como Kauai Kolada y Twista Lime, dirigidas a los jóvenes consumidores.

7) La supresión de información

«A lo largo de los últimos 50 años, –afirman los fiscales– los demandados han realizado esfuerzos conjuntos para destruir y ocultar documentos e información en función de los objetivos de sus compañías, que son los de impedir al público conocer la verdad sobre el impacto adverso del tabaco en la salud». Una estrategia que les sirvió además para tratar de borrar pruebas en el caso de que tuvieran que afrontar posibles pleitos judiciales, pero que finalmente fueron entregadas a millares a la Fiscalía. El procedimiento de ocultación se realizaba de diversas maneras:
l Las compañías ordenaban directamente la destrucción de documentos para evitar que salieran fuera de sus instalaciones.

l Las empresas animaron a sus empleados, particularmente a los científicos, a no crear documentos que contuvieran información sensible, particularmente la relacionada con la salud.

l Las tabaqueras empleaban a abogados para revisar los informes científicos y así asegurarse de que ningún dato comprometedor quedaba incluido en sus archivos.

l Dichas compañías establecieron políticas especiales para enviar y recibir información científica confidencial.

l Las empresas utilizaron también a los bufetes de abogados a su servicio como almacenes para sus documentos secretos, en un esfuerzo por tratar de protegerlos de su posible reclamación por la justicia, aunque no estuvieran amparados por la confidencialidad entre abogado y cliente.

Las evidencias aportadas en el juicio confirmaron que muchas de las acciones para suprimir la información eran compartidas por todos los demandados.

La conspiración ha sido desvelada, pero eso no evitará que nuestra juventud siga siendo su principal objetivo. El dinero del tabaco fluye a través de demasiadas manos como para que el negocio eche el cierre. Los cigarrillos seguirán matando legalmente.